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Exigen respeto a derechos de oaxaqueños

El 19 de junio, en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, hubo un enfrentamiento entre autoridades municipales y habitantes de San José del Progreso, El Cuajilote y Maguey Largo, quienes desde hace más de un año se han organizando y manifestado en legítima defensa de su territorio y recursos naturales, y contra la concesión a la compañía minera Cuzcatlán para la explotación de oro y plata. El enfrentamiento fue motivado por la explotación de materiales pétreos sobre el río Lavadero, que realizaban constructoras privadas de caminos para favorecer la extracción de los minerales. Los pobladores del valle de Ocotlán han denunciado inútilmente la violación de sus derechos como pueblos indígenas y el grave riego a la salud y el medio ambiente, y sólo han recibido amenazas, hostigamiento, agresiones y represión del gobierno.

En estos lamentables hechos perdieron la vida dos personas y varias más resultaron lesionadas, siendo además detenidos 11 pobladores. Horas después, fue golpeado, privado de su libertad y desaparecido Martín Octavio García Ortiz, párroco de San Pedro Apóstol, por su labor de acompañamiento a los pueblos, en la defensa y promoción de sus derechos.

Exigimos: libertad inmediata de García Ortiz y los compañeros de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y que se garantice la integridad de todos los habitantes de San José del Progreso; una investigación imparcial y profesional, y no –como es común en Oaxaca– una tendenciosa que busque chivos expiatorios, deteniendo a gente inocente que ha estado en la legítima defensa de su territorio y sus recursos; castigo a los verdaderos autores materiales e intelectuales de esta agresión; terminar con la impunidad de los ataques a pueblos y personas que resisten; cese definitivo de la actividad minera en la región y no más imposiciones de megaproyectos.

Miguel Ángel García Aguirre, Luis Miguel Robles Gil. Maderas del Pueblo del Sureste

Matan al líder triqui Timoteo Alejandro Ramírez; culpan a miembros del MULT

Matilde Pérez, Octavio Vélez y Agustín Galo

Reportera y corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 21 de mayo de 2010, p. 13

La tarde de ayer, cuatro hombres que se hicieron pasar por vendedores de maíz asesinaron a Timoteo Alejandro Ramírez, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), y a su esposa, Cleriberta Castro, entre las 17 y las 17:30 horas en su casa, en Yosoyuxi, en la región triqui, Oaxaca.

Jorge Albino, representante de la Comisión de Derechos Humanos del municipio autónomo de San Juan Copala, informó que los atacantes fueron identificados por habitantes de la región como integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). A la misma hora también un comando armado realizó disparos en las inmediaciones del municipio autónomo de San Juan Copala, señaló.

Al parecer, agregó, se trató de una acción concertada para mantener el pánico entre los defensores del municipio autónomo. Esta agresión no detendrá la caravana de paz y ayuda programada para el 8 de junio, advirtió.

Alejandro Ramírez fue fundador del MULT, organización de la que en 2006 varios integrantes se separaron para fundar el MULTI, del que el asesinado era líder moral, así como uno de los impulsores del municipio autónomo de San Juan Copala.

Sufrió dos atentados en los primeros meses de 2006. En el primer ataque fue asesinado su hijo Misael Alejandro, y en el segundo, el suplente de la agencia de Yosoyuxi.

El 7 de julio de 2006, el MULT acusó a Timoteo Alejandro de haber violado a una niña de 14 años. Un año después, el 5 de julio, desaparecieron las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, de 20 y 14 años, respectivamente. Emelia Ortiz, prima hermana de las desaparecidas, acusó a Timoteo Alejandro de dicho delito, señalamiento que no ha sido comprobado.

En la capital de Oaxaca, fuentes de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, informaron a La Jornada que la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas movilizó a un equipo de investigadores al lugar del asesinato.

La versión fue confirmada por el subprocurador para la región triqui, con sede en Huajuapan de León, Wilfrido Almaraz, quien dijo haber recibido la orden de enviar peritos y médicos forenses a Yosoyuxi.

Hasta el cierre de esta edición el gobierno del estado no había emitido postura oficial.

Copala, Guambia, Sarayaku: Tres ataques, una misma vileza


Ramón Vera Herrera

El 27 de abril, las autoridades del pueblo misak de Guambia, en el departamento de Cauca, recibieron un ultimátum membretado del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia que declara: 

Conminar a líderes indígenas para que dejen de lado el discurso y hechos arcaicos a favor de los derechos indígenas e ideologías atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz, o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones para el pueblo guambiano, sin piedad ni temor alguno…
Declarar por objetivo militar permanente y enemigos a mujeres y hombres que por sus declaraciones, investigaciones, comunicados, argumentos, cartas, denuncias, diálogos y otros; afectan el buen nombre del régimen [siguen nombres de las autoridades del pueblo misak o guambiano].
Suspender de inmediato las declaraciones externas e internas, que están comprometidas al levantamiento de procesos y la apropiación de tierras… No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes del pueblo guambiano.

Un ultimátum así es prueba suficiente de que los crímenes que se le imputan al pueblo misak son defender la vida, su territorio, y su proceso de autonomía, pero sobre todo “afectar el buen nombre” de un régimen con la ruinosa calidad moral del de Álvaro Uribe.

El mismo 27 de abril, en Oaxaca, México, sicarios de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tendieron una emboscada con armas de alto poder sobre una caravana que intentaba abrir el cerco tendido sobre San Juan Copala, un municipio autoproclamado autónomo que las fuerzas paramilitares al servicio de Ulises Ruiz han intentado ahogar desde finales de noviembre, dejando a San Juan sin alimentos, agua, medicamentos, educación y otros servicios.
Desde días antes se reiteraban las amenazas sobre cualquiera que intentara llegar a la cabecera municipal y la caravana resultó suculenta para los paramilitares: Beatriz Cariño, de un consejo nacional en la lucha contra la minería, dos combativos reporteros de Contralínea, dirigentes de la APPO (incluido David Venegas), y observadores internacionales a quienes poder echarles la culpa de culquier insumisión.
El asesinato de Beatriz Cariño y del observador finlandés Jyri Paakkola, los varios heridos, la desaparición por tres días de algunos de los integrantes, y que Ulises Ruiz haya sido tan contundente y cínico en su declaración contra la caravana, provocaron el repudio internacional.

El 29 de abril varios desconocidos invadieron el territorio ancestral del pueblo kichwa de Sarayaku en la Amazonia ecuatoriana y atacaron con armas de fuego y dinamita. En lo profundo del monte le dispararon a quemarropa a hombres de la comunidad y Rudy Ortiz y Wilson Malaver quedaron heridos de bala. “Debieron ser trasladados en camilla por la selva en un recorrido de catorce horas hasta la pista aérea de Sarayaku de donde fueron evacuados en ambulancia aérea”.
Las autoridades de Sarayaku explicaron que “las razones del ataque tienen que ver con la posición de Sarayaku de no permitir que un grupo de personas extrañas a nuestro pueblo ocupen una porción de territorio dentro de la adjudicación legal titulada a nombre de Sarayaku, para construir allí una nueva pista aérea. La intención de esas personas es asentarse allí y formar una seudo comunidad a la que llamarían Kutukachi para negociar con la empresa petrolera AGIP su ingreso, ya que la zona del territorio de Sarayaku que pretenden ocupar es afectada por el Bloque 10”.
Pero si bien los atacantes intentaron apoderarse de espacios clave dentro del territorio, se trataba también de quebrar la resistencia de la población y confundir a la opinión pública con informaciones falsas: como la de que Marlon Santi, originario de Sarayaku (y qué coincidencia, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, movilizada a nivel nacional en defensa del agua), era el responsable de los hechos ocurridos y que había decenas de muertos y retenidos de entre los invasores.

Extraños hechos de violencia trajo la última semana de abril para tres emblemáticos proyectos autonómicos indígenas del continente.
Sarayaku es una de las comunidades que lleva años defendiendo su territorio amazónico de las petroleras. Si ha logrado mantener íntegro su ámbito es gracias a la fuerza comunitaria de su asamblea, opuesta con lucidez a los intereses que quisieran entregar la Amazonia completa al control transnacional de sus recursos estratégicos —se exploten ahora o se reserven para el futuro.
San Juan Copala es, además del territorio zapatista de Chiapas, uno de los procesos de autonomía en México que reivindica la reconstitución del tejido social de comunidades desgarradas por años y años de violencia mortal, recuperando la historia y el camino propio del pueblo triqui.
El pueblo misak ha logrado fluir entre la guerrilla y la contrainsurgencia, por décadas, reivindicando su propio camino libertario, y es ejemplo de sabiduría y justicia para muchos pueblos de toda América Latina.

Qué significan estos ataques, en la misma semana, contra estos tres símbolos. No se trata de tender borrosos vínculos entre los autores materiales o intelectuales de estos atentados. Pero es indudable que en todo el continente la resistencia indígena es tomada muy en serio por los agentes de inteligencia, por los operadores y funcionarios de empresas, gobiernos y organismos multilaterales. A todos les resulta intolerable la nítida visión de las comunidades, su estar fuera del engranaje y reivindicarlo. Por eso el intento de nuevos maquillajes legaloides, o de programas de compensación y envilecimiento para quienes doblan las manos y más descarnados mecanismos de infundio, denigración, cárcel o muerte para quienes se oponen a sus proyectos.
Pero por todo el continente los pueblos tienen más claro que nunca que, aunque sigan invisibles, son ellos los verdaderos custodios del futuro. Sus propuestas y sus lazos con otros pueblos y luchas cobran fuerza. Trátese de transgénicos, acaparamiento de tierras, megaproyectos, presas, minas, petroleras, entrega de bosques o biodiversidad, en los espacios con autonomías fuertes los intereses de fuera siguen saliendo derrotados.
Estos ataques dejan ver que a los invasores se les está volviendo desesperada la cacería por la opinión pública y por el control territorial que ahora ejercen los pueblos. Si esto es así, la defensa de los proyectos autonómicos tendrá que ser más extrema.
Los sabios misak lo dijeron así: “nuestra lucha es para la vida de la humanidad y no para la muerte. Reexistiremos por siempre en el tiempo y en el espacio”.

Se rompe el cerco paramilitar

San Juan Copala, Oaxaca. Todos los días, desde hace seis meses, hombres armados apostados en los cerros que rodean Copala disparan a todo lo que se mueve. La orden que recibieron, cuenta uno de ellos, es que nadie salga ni entre a este pequeño pueblo de la región triqui oaxaqueña. Así, evitan que llegue el abasto de comida, agua potable y medicinas a las cerca de 800 personas que, hambrientas, sobreviven atrapadas en este infierno.

Miguel Badillo y Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados

Cualquiera que intenta cruzar por montes y veredas con rumbo al pueblo de Copala, principal centro ceremonial de la comunidad triqui, se enfrenta a las ráfagas de metralletas AK-47 y rifles R-15 que portan grupos armados, como el que disparó aquella tarde del martes 27 de abril en contra de la caravana por la paz, que encabezaban defensores de derechos humanos y que tuvo como saldo dos muertos y una decena de heridos.


Diez días después de aquel ataque armado, en donde resultó herido con tres disparos de bala nuestro compañero fotógrafo David Cilia (lo que lo mantiene, hasta el cierre de esta edición, internado en un hospital de la ciudad de México) y junto con la reportera Érika Ramírez tuvieron que correr y esconderse por casi tres días en el monte para salvar la vida, otros tres reporteros de Contralínea (Zósimo Camacho, Julio Hernández y Miguel Badillo) han llegado a la región dominada por los triquis para terminar el trabajo periodístico inconcluso: entrar a San Juan Copala y describir el terror que viven aquí niños, mujeres, ancianos y los pocos hombres que aún quedan.


El viernes 7 de mayo, un grupo de 12 indígenas, simpatizante del Municipio Autónomo de San Juan Copala, se comprometió a guiar a los periodistas y escoltarlos hasta esta cabecera municipal, aun con el temor y el riesgo para los triquis de perder la vida en el intento.



La primera recomendación a los reporteros fue evitar llamar la atención entre los habitantes de los pueblos que rodean Copala, en donde las organizaciones Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Movimiento por la Unificación de la Lucha Triqui Independiente (MULTI) tienen sus bases. La segunda recomendación a los periodistas fue ocultarse hasta que llegara el momento de partir. No se sabe ni hora ni día. Simplemente hay que esperar.

Tres días transcurrieron, hasta la noche del lunes 10, cuando los indígenas triquis vuelven a hacer contacto y acordamos los términos de la incursión hacia el pueblo de Copala: el ingreso será de noche, lo que dificultará el acceso, pero dará una oportunidad más para evitar cualquier agresión; nada de lámparas ni luces que puedan llamar la atención de los francotiradores; hablar lo menos posible y sólo cuando sea necesario hacerlo en voz muy baja; vestir de negro para perdernos en la oscuridad de la noche y llevar botas y mochila con medicamentos para la atención de alguna posible herida de bala; si nos disparan, tirarnos al suelo y avanzar lo más rápido posible para eludir las balas y perdernos de los agresores; resistir el tiempo necesario en el monte hasta encontrar el acceso más seguro y, lo principal, mucha suerte, porque para entrar a Copala se necesita eso y más.


La columna informativa que integran 12 triquis-guías y tres periodistas inicia su marcha por el monte. Seis indígenas van al frente y otros seis en la retaguardia. Los reporteros, en medio de la columna para mayor protección. La instrucción es guardar distancia entre nosotros para evitar ser blanco fácil ante un posible ataque, lo que dificulta aún más el camino; la oscuridad impide ver a medio metro de distancia, sólo el ruido del andar de los indígenas sobre hojas y ramas secas orienta la ruta a seguir. Las caídas y tropiezos de los reporteros son constantes; el peligro de caer en alguna barranca invisible es latente, pero nadie puede detenerse si queremos llegar con vida a Copala. Debemos avanzar lo más rápido posible durante la noche y, de vez en cuando, descansar a petición de los tres de en medio.


El sudor agobiante embarra y pega las hojas y ramas de los árboles en el cuerpo. Los mosquitos e insectos nos acompañan todo el camino: los brazos y piernas empiezan a llenarse de bolas por las picaduras conforme avanza la columna y nos internamos cada vez más en estas rudas montañas. A pesar del peligro, estamos seguros de que no nos equivocamos en querer documentar y contar la historia que vive San Juan Copala.


La ruta es acompañada por constantes disparos que retumban en el silencio de la montaña. Son tiros de advertencia para aquel que se atreva a cruzar por su territorio. La angustia y miedo invaden el cuerpo. Un escalofrío inevitable nos atraviesa de sólo pensar encontrarnos de frente a cualquier grupo armado que patrulle el área. Nuestros guías se mueven rápido, cubren una amplia área de protección; pero al final de cuentas, los grupos paramilitares, también integrados por indígenas, saben dónde vigilar para impedir que alguna persona, sobre todo periodistas, como ya lo demostraron en el ataque a la caravana por la paz, se les pueda colar hasta Copala y dar cuenta del infierno en que tienen metidas a unas 100 familias triquis que quedaron atrapadas en el lugar y no pudieron o no quisieron abandonar el sitio.


Agotados, a lo lejos se ven las luces de velas que alumbran algunas casas del pueblo desierto. Después de varias desesperantes horas, nos acercamos a Copala. En el pueblo no hay energía eléctrica. El motivo es que cortaron los cables desde hace seis meses, cuando iniciaron los ataques de la Ubisort y el MULT en contra de los habitantes que apoyan la presidencia autónoma de San Juan Copala, ahora en manos de simpatizantes del MULTI.


En la región se libra una lucha por el control político y económico del lugar. Viene un periodo electoral en Oaxaca y el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Ubisort, no está dispuesto a dejar a su suerte al municipio de San Juan Copala, en donde las nuevas autoridades afiliadas al MULTI no quieren saber nada de los partidos políticos, a los que culpan de robarse cada año las partidas presupuestales de los ramos 28 y 33 del erario. Algo sabrán estos indígenas de injusticias, abusos y atropellos de la autoridad, igual que otros 100 millones de mexicanos.


Hemos llegado a la zona más complicada del trayecto. Copala está a menos de 1 kilómetro de distancia. Aquí, en la oscuridad de la madrugada, la vigilancia de hombres armados se vuelve más latente. Hay que esperar, agazapados, entre rocas, arbustos y árboles. Para sorpresa nuestra, el lugar donde nos escondemos sirve de base para francotiradores de alguno de los grupos agresores. La prueba de ello está en el suelo, entre hierbas y hojas de árboles encontramos muchos casquillos de rifles R-15 y AK-47. Eso tensa la espera. Los mismos indígenas, que siempre hablan en triqui, se ven preocupados y nerviosos. Quieren abandonar rápidamente el área, pero deciden esperar y no acelerar el ingreso a Copala.


Una dudosa decisión se ha tomado. En cuanto iniciamos el descenso del último cerro hacia el pueblo, empieza el estruendo de las ráfagas de metralletas, como si los paramilitares esperaran el momento propicio para ejecutar a toda la columna informativa. La orden de nuestros guías ha sido no detenernos. El miedo nos hace cumplirla y no mirar atrás, como si quisiéramos ganarle a la velocidad de las balas que cruzan chiflando por el viento. Inevitablemente hay que pasar por una zona descubierta, que aun con la ropa negra que llevamos y la ayuda de la oscuridad de la noche, a nosotros nos parece que somos muy visibles, tanto como un foco prendido en una habitación.


Pero sólo es el miedo de los 15 que hemos ingresado a las solitarias calles de Copala. Llegados al pueblo, nos movemos con precaución entre calles y las paredes de las casas. Los guías nos advirtieron que algunas familias, que también permanecen encerradas en sus viviendas, simpatizan con los grupos opositores al Municipio Autónomo y sería muy delicado que dieran aviso a los hombres armados de que extraños hemos entrado al pueblo. No queremos hacer ruido, pero los ladridos de los perros nos delatan y antes de que miradas extrañas nos vean, ingresamos a salvo y agotados a una vivienda que nos protege.

La huida de Copala


Hemos recogido los testimonios y relatos de los sobrevivientes de Copala. Durante nuestra incursión, recorrimos parte del pueblo entre los disparos que nunca cesaron. Desobedecimos a los guías, que nos pedían no salir de la casa. De hacerlo, no habría tenido sentido llegar hasta Copala y perder la oportunidad de mirar y vivir en carne propia lo que cientos de mujeres, niños y ancianos indígenas triquis padecen todos los días.


Para los agresores, toda hora es buena para amedrentar y amenazar a la población. En las noches, ráfagas de metralleta quitan el sueño. En el día, sólo unos cuantos, sobre todo mujeres y niños, se atreven a cruzar corriendo las calles para evadir los disparos y buscar alimentos.


Notas, fotografías y videos de Contralínea dan ahora cuenta del peligro que representa vivir aquí. Es el primer material periodístico tomado desde adentro de Copala. Como parte de Contralínea, nuestros dos compañeros agredidos, Érika y David, deben estar orgullosos de que su intento por llegar a ese municipio, hasta que un ataque armado lo impidió, no fue en vano. Por ellos y por lo que les sucedió, el equipo de Contralínea decidió concluir su misión de informar del asecho en que viven decenas de familias triquis a manos de paramilitares tolerados, por decir lo menos, por el gobierno de Ulises Ruiz.


Nuestro grupo indígena de protección ha estado atento en todo momento de la seguridad de los periodistas, aunque aquí, en Copala, nada es seguro. Lo único cierto es que ha llegado la hora de salir de este pueblo olvidado por los gobiernos, los ejércitos y los policías. Otro martirio está a punto de comenzar: volver al monte y abrirnos paso entre la maleza, aunque más preocupante es librar los retenes y las guardias blancas que están dispuestas a no dejarnos huir de sus territorios controlados.


Nuestros guías han trazado una ruta distinta. Nos explican que ésta es más larga, pero más segura. Ninguno de los reporteros se queja, los tres asentimos con la cabeza sin hablar. Nos miramos cansados y mugrosos, porque el servicio de agua fue cortado también por los grupos agresores. La única oportunidad de bañarse es en el río más cercano, pero nadie se arriesga; preferimos mantenernos sucios dos o tres días.


Nuevamente estamos en manos de 10 indígenas triquis. El grupo se ha reducido: dos de nuestros guías se han quedado en la zona de conflicto. Esperamos nuevamente la noche para salir del lugar. Nos han advertido que, esta vez, la caminata será más larga, hasta alcanzar quién sabe qué carretera a la mañana siguiente. Los periodistas estamos listos. Otra vez, los indígenas vuelven a arriesgarse para acompañarnos y sacarnos del lugar con vida.


Ansiosos, esperamos la noche. Apenas hemos comido durante los tres días tortillas, frijoles y chile. Pero nos sentimos fuertes para partir, más por miedo y ganas de huir del lugar. Todo ha sido una pesadilla que apenas duró poco más de 48 horas. Los habitantes de Copala llevan seis meses en esas condiciones. Desde finales de noviembre, viven encerrados en sus casas, sin poder salir, y cuando lo hacen, simplemente arriesgan la vida.


La columna informativa ha iniciado su retorno a no sabemos qué lugar del camino. Las instrucciones han sido las mismas. Con mayor énfasis, nos indican no hacer ruido cuando caminemos, lo que se vuelve imposible ante los tropiezos y caídas constantes de los reporteros. Más cuando esta noche especialmente es más oscura. No hay luna y el cielo está nublado. No logramos ver a nuestro compañero que va enfrente. Es más, decidimos agarrarnos de las mochilas para no perdernos y seguir la ruta de los guías.


La salida de Copala es igual. Rápido hacia el monte para protegernos de los disparos entre los árboles. Una vez más, las balas pasan chiflando cuando rompen el viento. Esta vez los disparos los sentimos más cerca de nosotros, como si los grupos armados estuvieran esperándonos a la salida del pueblo.


Todos estamos nerviosos, también los valientes indígenas que arriesgan su vida para que un grupo de extraños periodistas den cuenta del terror que viven los habitantes de Copala. No nos han pedido pago alguno para ser nuestros guías, sólo nos miran como si fuéramos a solucionar el conflicto. Nada más desilusionante. Como reporteros, sólo sabemos que informaremos lo que allí sucede y que nada pasará. Eso pensamos cuando caminamos por largas horas durante esta agobiante madrugada. Y más cuando sabemos que, en seis largos meses, nadie del gobierno federal ha querido atender el problema. Mucho menos el gobierno estatal de Ulises Ruiz, a quien le corresponde formalmente. El gobierno de Felipe Calderón también es responsable, pues para esta pequeña población indefensa que está siendo agredida durante meses no hay Ejército ni policía alguno que la defienda.


Para salir de este territorio hostil, a la columna informativa le parece que el camino es el mismo, aunque hayamos salido esta vez por el lado opuesto. Los reporteros no distinguimos ruta alguna; nuestra inexperiencia en avanzar en el monte nos hace ver todo igual. Sumamente difícil caminar de noche y sin lámpara por las montañas de la región triqui, de acceso inaccesible y orografía accidentada.


Las horas pasan sin llegar a lugar alguno. Los zumbidos de las balas que arrojan las potentes armas se escuchan todo el trayecto. Por un lado, al norte, el pueblo de La Sabana, dominado por la Ubisort; al oriente, El Rastrojo, la zona controlada por el MULT, ambas organizaciones violentas y fuertemente armadas. Al norte, Yosoyuxi, del MULTI, organización que apoya al Municipio Autónomo y que su principal demanda es que todas las partidas presupuestales que debe destinar el gobierno para la región triqui se entreguen a los indígenas para mejorar la vida de sus familias y pueblos, y no se las lleven los caciques y los líderes de grupos armados.


Antes de amanecer, alcanzamos un camino de terracería. Los indígenas nos piden avanzar con precaución para evitar alguna emboscada. Pero el peligro va en aumento y los guías deciden que debemos volver al monte para estar seguros y dejar la comodidad de seguir en la madrugada por la vereda que nos sacaría a la carretera.


Otra vez el sufrimiento para los reporteros inexpertos en caminar por esos lugares. Casi con la luz hemos salido a un pueblo apartado, allí recibimos el apoyo de un agente municipal que nos permite permanecer en el portal de su vivienda hasta esperar la mañana e iniciar el retorno a la ciudad de México.



Con muchas dificultades, Contralínea ha roto el cerco paramilitar establecido por grupos armados para aislar y ahogar a una población triqui que sólo lucha por su autonomía: San Juan Copala ha quedado atrás y sus 100 familias abandonadas a su suerte. Sentimos dolor y desesperación.

Fuente: Contralínea 182 / 16 de mayo de 2010

San Juan Copala: ataque abierto a la solidaridad y las autonomías indígenas

ASESINAN A COORDINADORA DE REMA, BETTY CARIÑO

Betty Cariño, integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Directora del Colectivo Cactus, fue asesinada el pasado 27 de abril del presente año en Oaxaca, México. Con ella también fue asesinado Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia.

La Caravana de Observación de Derechos Humanos intentaba llevar ayuda humanitaria a la Comunidad Autónoma Triqui en el municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, que se encontraba cercada por la represión del estado y grupos paramilitares en contra de los indígenas triquis. Desde el mes de enero los niños se encuentran sin escuelas, y la comunidad sin energía eléctrica, ni agua potable ni médicos, y vive el continuo acoso del grupo paramilitar quien ha cerrado todo acceso al poblado. En la agresión armada contra los vehículos de la caravana también se registran desaparecidos y heridos, entre ellos extranjeros y reporteros de los medios de comunicación.

Ante estos hechos de violencia, hacemos responsables al Procurador General de Justicia Evencio Nicolás Martínez, al Secretario de Gobierno del Estado Jorge Franco Vargas, al candidato para la diputación local por el PRI Carlos Martínez; a Rufino Juárez Hernández quien actualmente preside al grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), a los miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y al Gobernador del Estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz. Esta violencia y la presencia de los grupos paramilitares no son posibles sin la anuencia, apoyo y complicidad del ejército mexicano y la policía por lo que también hacemos responsables al presidente de la República Calderón Hinojosa.

La REMA repudia enérgicamente estos hechos y exige:

1) Investigación hasta las últimas consecuencias de esta agresión armada y castigo a los autores materiales e intelectuales.

2) Presentación con vida de los desaparecidos y respeto total y alto a las agresiones contra el Municipio Autónomo San Juan Copala.

3) Destitución inmediata del Secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, de la Procuradora del Estado y del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.

¡ALTO A LA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA

- REMA -

28 de Abril de 2010