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EL LIBRO NEGRO DE CANADÁ
URGE LEER PARA ENTENDER COMO LAS MINERAS CANADIENSEN SON ABUSIVAS, CORRUPTAS Y ASESINAS.
EL LIBRO NEGRO DE CANADÁ. SAQUEO, CORRUP
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Minería: Fuente de riqueza ¿Para quién?

 

Walter Farfán

Desde tiempos inmemoriales la minería ha constituido una de las principales actividades del ser humano, las riquezas que albergan las entrañas de la tierra siempre han motivado al hombre a acometer grandes empresas; recordemos la vana búsqueda de El Dorado por los españoles que soñaron con ciudades de oro perdidas,  o la menos vana fiebre del oro en California que motivó a hombres y mujeres de todo el mundo a trasladarse  a esas tierras con la promesa y el sueño de un enriquecimiento por la vía rápida.

Desde hace algunos años Centro América ha sido objeto de un interés inusitado por parte de grandes compañías mineras que tienen su sede mayoritariamente en los países desarrollados: Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia etc.

La mira está en el oro que albergan las montañas de esta parte del mundo. Está bien documentado el impacto negativo que la extracción de oro tiene en el medio ambiente; se sabe que para extraer una tonelada de oro se tienen que procesar, generalmente con ayuda de explosivos, hasta trescientas mil toneladas de mineral;  para extraerlo se usan compuestos químicos como el cianuro que usados en las cantidades que se requieren en la extracción minera se convierte en un agente altamente contaminante de consecuencias muy perniciosas para la salud humana, además de la contaminación que se produce por la roturación de rocas que liberan muchos compuestos minerales que son tóxicos y que arrastrados por el agua se filtran en los mantos acuíferos y contaminan ríos y vertientes de agua, que utilizados por la comunidades devienen en enfermedades y causan efectos en la salud muchas veces irreversibles; el rosario de enfermedades relacionadas con la contaminación de cianuro es interminable: Dermatitis, deterioro mental, afección tiroidea, trastornos visuales; además la exposición a niveles altos de cianuro daña el cerebro y el corazón,  puede producir coma y parálisis respiratoria que termina en una muerte dolorosa.

Es incomprensible que en pleno siglo XXI existan personas en nuestro país que crean que la minería es una alternativa para nuestro desarrollo, olvidándose de un precepto básico de las ciencias económicas: El desarrollo no tiene que ver tanto con la producción de riqueza, como a quién beneficia esa riqueza, es decir, a manos de quién va a parar la riqueza. Las compañías mineras se expanden  por nuestras tierras como una peste dejando a su paso nada más que contaminación, destrucción ambiental y pobreza; sino díganme donde están las comunidades prósperas que surgieron a la sombra de las explotaciones mineras, adonde quiera que miremos en El Perú,  Bolivia, Colombia, México, Brasil,  Centro América etc. La estela que las minas han dejado es de pobreza, enfermedades y desolación.

En nuestro país es especialmente importante una legislación que prohíba de una vez por todas, la explotación minera, especialmente la extracción de metales preciosos a cielo abierto. Ya basta de sueños de El Dorado, creyendo que hay atajos para alcanzar la prosperidad; la única vía posible para alcanzar nuestro merecido desarrollo económico es el trabajo productivo, tenemos que reactivar la agricultura abandonada por los sucesivos gobiernos de derecha de nuestro país; tenemos que activar la pequeña y mediana empresa, el estado tiene que retomar su papel protagónico como  impulsor y facilitador de la actividad económica, tenemos que tener leyes claras que estimulen la inversión privada y pública con apego a leyes que garanticen los derechos laborales de las y los trabajadores.

No podemos pensar que para alcanzar el desarrollo económico tenemos que embargar nuestra soberanía y lo que es peor el futuro de nuestros hijos y nietos, porque de eso se trata,  los daños medioambientales son de largo efecto,  algunos los comparan con los daños causados por la radioactividad,  es decir,  que la contaminación causada por esta minería puede durar cientos y hasta miles de años en desaparecer. Es ingenuo (o criminal) pensar que en un país tan pequeño como el nuestro nos podamos librar de los efectos dañinos para la salud causados por la minería, digo criminal porque aquí existen individuos que en su codicia originada por  el sueño de un enriquecimiento rápido han llegado a cometer cobardes crímenes, recordemos a los activistas asesinados cuyo delito fue haber luchado por los derechos de la madre tierra y de los más pobres en nuestro país, a esos asesinos algún día la ley les dará alcance pues la justicia tarda pero no olvida.

Para finalizar quisiera recordar aquella consigna que encierra una verdad incuestionable “solo el pueblo salva al pueblo”.

El pueblo tiene que manifestarse, todos los sectores que se precien de ser democráticos tienen que solidarizarse con las comunidades afectadas, pues esta es una lucha que nos atañe a todos, los políticos demócratas tienen que hacer sentir su “peso político”, la sociedad entera tiene que reaccionar; solo así podremos asegurar el futuro de nuestra patria que es lo mismo decir el futuro de nuestros hijos.

La ley  minera y la comunidad

 

Un problema medular en la Ley Minera  y en la operación de las mineras, se relaciona con el papel marginal y de división  en el que se  pone a las comunidades.

 

La exclusión de las comunidades de la toma de decisiones sobre proyectos que involucran cambios fundamentales en su entorno y en su vida ha llevado a situaciones en donde los derechos humanos, entendidos en una perspectiva amplia que incluye los económicos, sociales y culturales y el medio ambiente son severamente lesionados.

 

La consulta a los pueblos, por su parte, no son mencionados en ningún momento en la Ley Minera, sin embargo este derecho es reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que como compromiso internacional tiene carácter de ley suprema en el derecho mexicano.

 

En términos de jerarquía constitucional, el Convenio 169 ocupa una posición más elevada que la Ley Minera. Sin embargo, es difícil que este convenio se constituya como herramienta de acceso a la justicia para los pueblos, debido a diversas barreras, como por ejemplo los altos costos y el elevado nivel de especialización requeridos para llevar a buen término un proceso ante tribunales, más aun si estos son internacionales.

 

La Constitución Mexicana establece que los derechos minerales pertenecen a la nación y no a los propietarios de los terrenos. Esta disposición, junto a la que hace de la minería una actividad prioritaria considerándola superior a usos alternativos de la tierra, desequilibra las relaciones entre las empresas mineras y los propietarios individuales o colectivos de la tierra.

 

Impactos sociales en la comunidad

 

Desde su llegada, las empresas mineras  inician y provocan un conflicto social tendiente a dividir a la población, hacen un estudio socio-antropológico de los habitantes del lugar, así detectan el comportamiento de la gente. A los más carentes de escrúpulos los contratan y los utilizan para sus grupos de choque, a otros los controlan con empleos y regalías, incluso les pagan sin trabajar, a los que tienen facilidad de liderar,  los corrompen y los utilizan para controlar a la gente.

 

Las entidades principales en este control, son las autoridades municipales y los comisarios ejidales, figuras claves para sacar adelante su proyecto.

 

Como la única forma de que estas empresas operen es a base de corrupción y actos delictivos, su control se extiende hacia las autoridades estatales y federales incluyendo al Presidente de la República. Su poder de corrupción es ilimitado. Intervienen y costean los procesos electorales, escogen sus candidatos a presidentes municipales para  control político de las comunidades.

 

Todo esto genera un gran conflicto social, los que se oponen al proyecto y los que están siendo “beneficiados” económicamente y los apoyan, dos bandos que en ocasiones llegan a la eliminación física de algunos de sus miembros.

 

La comunidad de San José del Progreso ha estado viviendo de cerca este conflicto social, provocado por las mentiras de las personas que operan en la Minera Cuzcatlán y la complicidad del gobierno federal y estatal, mientras tanto se ignora la creciente  oposición de la comunidad a la Minera y los graves daños que ha causado el conflicto social a estas fechas. Con estas acciones se sigue ignorando, reprimiendo  y deslegitimando las  luchas auténticas de las comunidades que son  las dueñas del territorio.

 

 

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

25 de junio de 2010

MINERÍA EN OAXACA, RAÍZ DE LA VIOLENCIA


La historia de la minería en México y en especial en Oaxaca, es antigua, sin embargo el modelo de saqueo y explotación se implementó con más fuerza en la colonia. A finales del siglo XIX en la época de Porfirio Díaz empresas extranjeras tomaron posesión de las principales minas en el país. Esta situación continúa con empresas de Canadá, Estados Unidos, Australia y Europa. 

En el estado de Oaxaca existe una gran diversidad de minerales, como son: plata, oro, plomo, zinc, hierro, titanio y uranio, principalmente. Según datos de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, para el año 2008, las concesiones para la exploración y explotación, cubrían el 12.5% del territorio del estado, lo que equivale a más de un millón de hectáreas. 

Se han otorgado 20 proyectos a 15 empresas, las principales concesiones en Oaxaca: Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, NewCoast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd.

Por el estudio de varios casos en Oaxaca se comprobó que la llegada de las empresas mineras a las comunidades y municipios ha generado varias afectaciones y ha creado las condiciones propicias para conflictos, que muchas veces terminan en violencia.

En el caso del municipio de San José del Progreso la empresa canadiense Continuum Resources, obtuvo la concesión del proyecto San José, anteriormente denominada Trinidad, con lo cual empezó a tomar muestras del suelo y otras actividades de exploración. Además empezaron una campaña para convencer a los ejidatarios para la firma de contratos de usufructo para treinta años y así logro tomar posesión de 200 hectáreas, este proceso continua. Está en duda la legalidad de este proceso debido a que la asamblea ejidal nunca finalizó el proceso de privatización de sus tierras, por eso todavía son propiedad colectiva.

En 2008 la mina fue comprada por la empresa minera canadiense Fortuna Silver, a través de la filial mexicana con el nombre de Minera Cuzcatlán, bajo una estrategia de protección legal del capital extranjero. Ahora están impulsando de una manera agresiva el reinicio de la explotación que está prevista en mediados de 2011.

Entre las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas y culturales están:

  •  Contaminación del agua.
  • Uso de la fuerza pública para desalojar a los habitantes de sus actividades de manifestación, violando derechos humanos.
  • Detención y encarcelamiento de activistas de la comunidad.
  • Corrupción de autoridades municipales y agrarias.
  • División de la comunidad, mediante la entrega de diversos proyectos a parte de la ciudadanía y contratando a algunas personas de la comunidad pagándole 600 pesos semanales, sin contratos de seguridad ni garantía de continuidad.

Podemos concluir entonces que las prácticas utilizadas por las empresas y respaldadas por los gobiernos estatal y federal son el caldo de cultivo para los conflictos. Mientras se sigan favoreciendo intereses del capital extranjero, de empresarios mexicanos con prácticas corruptas desde el proceso de otorgamiento de las concesiones, hasta la imposición de estos proyectos se seguirán violentando los derechos humanos básicos, a la vida, a la seguridad, a la alimentación, a un medio ambiente sano y en el caso de pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta y la información previa libre e informada.

 

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.